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Desconfianza en el sistema de justicia, pero también alarma a veces generadas por rumores infundados, desatan reacciones  violentas que no se justifican pues siempre se debe respetar el derecho y la convivencia.

La policía ha debido intervenir con frecuencia para que supuestos antisociles no sean ajusticiados.

Desconfianza en el sistema de justicia, pero también alarma a veces generadas por rumores infundados, desatan reacciones  violentas que no se justifican pues siempre se debe respetar el derecho y la convivencia.

La persecución a extranjeros venezolanos en Ibarra por gentes enardecidas, conmocionadas por el asesinato de la joven Diana Carolina Ramírez, es el último brote de descontrolados que intentan hacer justicia por mano propia. Esta vez, sin embargo, la violencia no se desató contra un presunto culpable, sino contra un grupo de su nacionalidad, aun contra mujeres con niños.

Aunque es la primera vez que se desborda un hecho de violencia y rechazo manifiesto contra personas por su nacionalidad, han sido frecuentes los intentos de ajusticiamiento, en masa o tumulto, a presuntos delincuentes, aquí, en la propia ciudad o sus cercanías.

El fin de semana antepasado, en Poloma, El Valle, pobladores persiguieron, apalearon y amenazaron con quemar con gasolina a un accesorista de vehículos. La tarde del domingo ocurrió lo mismo y por el mismo motivo, en el centro parroquial de Baños.

El fenómeno se repite en varias ciudades del país. En Machala, la semana pasada, vecinos de un barrio persiguieron a dos presuntos delincuentes, capturaron a uno y lo golpearon, luego que robaran a un padre de familia que dejaba a sus hijos en la escuela, reportó la policía.

La aplicación de la Justicia por mano propia no es un fenómeno reciente ni exclusivo del Ecuador. “Crisis de autoridad y violencia social. Los linchamientos en México”, titula un estudio del sociólogo de ese país, Raúl Rodríguez. En su opinión, los linchamientos son fruto del “hartazgo de la sociedad frente a la autoridad que no actúa o que lo hace de manera incorrecta”.

La justicia por mano propia en turba ocurre por varios factores. El criminólogo, Juan Pablo Flores, también mexicano, citado por Imagen Poblana.com, menciona: que los hechos se da tras actos delictivos impunes; la sensación de tener una justicia o policías ineficaces (y peor aún, corruptas); la difusión de imágenes por la prensa (o redes sociales) de hechos similares mueve a otros a hacer lo mismo.

No faltan ciertos protagonistas que buscan notoriedad en la manifestación de violencia. Se puede sumar, que sentimientos de inseguridad, miedo, desconfianza o rabia, difundidos por rumores o acusaciones, sin importar que sean falsos, pueden desatar reacciones violentas hacia otras personas.

Los linchamientos ocurridos en el balneario de Posorja, en octubre del años pasado, cuando fueron asesinados tres sujetos, por, supuestamente intentar secuestra un niño, son un ejemplo. Todo por falsedades circuladas por redes sociales…

Sobre la reacción contra los venezolanos, el criminólogo Juan Peña alerta que preocupa mucho las reacciones que estamos teniendo como sociedad y como individuos, porque estamos dando el mensaje que la violencia es el camino y eso no es correcto, señala.

CAPSULITA

Cerca de Cuenca, entre los años 1960 y 1970, ocurrieron linchamientos hoy perdidos en la memoria: de una mujer, dos profesores y un médico con una enfermera. La primera, quemada por sus vecinos, tras haberse querellado con el cura de Molleturo; los otros, acusados de ser comunistas. (AVB)-(I)

OPINAN JURISTAS

Muchas veces la población puede pretender tomarse la justicia por su mano, al sentir que no está funcionando el sistema de justicia y la Fiscalía encargada de investigar el delito y acusar a los delincuentes ante los jueces.

En estas dependencias tiene que haber celeridad, oportunidad y capacidad para resolver los delitos denunciados, opina Jorge Moreno Yánez, abogado, decano de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca. Agrega que por el modelo legal, en muchos casos, se obliga a que haya denuncia firmada de la víctima, que prefiere evitarlo y eludir cualquier contacto con los delincuentes.

Pablo Valverde, presidente de la Corte Provincial de Justicia, señala que el orden jurídico está diseñado “para que impere la Ley y no la ley del más fuerte”, porque la resolución judicial restablece el orden social y para ello se debe seguir un debido proceso y de acuerdo a una ley preestablecida, pues nadie puede obrar por su cuenta. Si se llega a eso, el estado de derecho termina violentado en sus normas fundamentales, dice. (AVB)-(I)

DETALLES

Para el presidente de la Corte Provincial, el sistema de justicia no ha dado muestras para que no se confíe en él. “Si se cree que ha actuado mal, hay canales para reclamar ante la autoridad. Más si hacemos lo que queremos, habrá violencia tras violencia en espiral que no reestablecerá derechos a nadie”.

No se debe confundir el linchamiento con la justicia indígena. Esta, por más que implique sanciones física, esta reconocida por la Constitución, para su aplicación media siempre un proceso a manera de juzgamiento ante las autoridades de la comunidad; y la aplicación de los castigos debe ser controlada. (I)

Ibarra: Policía

debió disparar

Los policías de Ibarra, presentes durante la amenaza y asesinato a la joven Diana Carolina Ramírez, debieron disparar, dadas las circunstancias, incluso un disparo mortal. En su lugar, lo hubiese hecho, así me vaya preso, enfatiza Carlos Rivera González, sargento retirado de la Policía Nacional y abogado.

En su opinión, los agentes no actuaron debido a dos factores: el nerviosismo ante una situación de crisis que no pudieron dominar, al tener el agresor armado sujeta por el cuello a su víctima y el temor a ser enjuiciados si disparaban.

Otro punto es la falta de práctica en el tiro de pistola; si un policía quiere perfeccionarse en este punto debe hacerlo por su cuenta, manifiesta el sargento.

Según cuenta no hay protocolos precisos sobre el empleo del arma de dotación en estas circunstancias. “La Ley Orgánica de la Policía es oscura, hace daño al policía” y debería reformarse el Código Penal en cuanto reglamentar el uso progresivo de la fuerza por parte de los agentes del orden.

Demanda una norma que los proteja, pero sin que se incurra en el abuso de autoridad. Estos puntos deberían ser definidos por un Comando de Doctrina Policial, similar al que tienen las Fuerzas Armadas.


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