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Los exteriores de la Corte Nacional amanecieron bloqueados con vallas metálicas. Policías resguardaron el alto Tribunal. Antes de las 10:00, los jueces Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez ingresaron a las instalaciones con trajes blancos de bioseguridad, mascarillas y guantes. Personal médico les entregó gel antibacterial y les midió la temperatura. Lo mismo hicieron con la fiscal general, Diana Salazar, y otros asistentes que ingresaron a la audiencia de juicio del caso Sobornos. Estas medidas se tomaron por la emergencia que vive el país por el covid-19. Los funcionarios y abogados se distribuyeron en tres salas diferentes y desde allí, por videoconferencia, escucharon el fallo. Después de dos horas y media de audiencia, el Tribunal condenó a ocho años de cárcel al expresidente Rafael Correa, al exvicepresidente Jorge Glas y a 16 personas más investigadas por cohecho. Para Pamela Martínez, los magistrados emitieron una sanción de 38 meses y 12 días de cárcel por la cooperación en el caso. Laura Terán también colaboró con los investigadores y recibió una sanción de 19 meses y seis días en prisión. Únicamente Yamil Massuh, exasesor de Duarte, fue declarado inocente. Según los jueces, tras analizar las pruebas se comprobó que existía una estructura de corrupción y que contratistas del Estado entregaron aportes ilegales para financiar actividades políticas de Alianza País. Además indicaron que en esta trama hubo “un nivel jerárquico superior”, es decir que los pagos indebidos eran reportados a Correa y a Glas. Por eso, ellos fueron sentenciados como autores mediatos del delito. “Tanto dinero no puede ocultarse fácilmente, mucho menos si era manejado por Pamela Martínez. Este Tribunal considera que Rafael Correa tenía conocimiento de los fondos indebidos para posicionar su movimiento”, dijo León. ¿Qué implica esta decisión? Los magistrados dispusieron que se notifique al Consejo Nacional Electoral (CNE) que los sentenciados perderán sus derechos de participación política durante 25 años. Pero para ello, la sentencia debe estar en firme. La última instancia en la Corte Nacional es la casación y los abogados pueden recurrir a todas las figuras permitidas. Por ahora, la defensa de los procesados adelantó que interpondrán acciones legales. Fausto Jarrín, abogado del exmandatario, asegura que cuando se notifique la decisión por escrito ejercerá su derecho a la impugnación. Lo mismo hará Jorge Acosta, defensor del empresario Teodoro Calle. El jurista sostiene que su cliente es inocente, que no es representante legal de la empresa que fue investigada y que no suscribió contratos. A esto se suma que el abogado de Laura Terán, Luis Muñoz, solicitará para su defendida la suspensión condicional de la pena. Esta figura legal permite que un sentenciado pueda cumplir la condena en libertad. Es decir, los magistrados deberán analizar varios pedidos. Por ello, penalistas advierten que una condena puede tomar tiempo para que quede en firme. Por ejemplo, en el caso Odebrecht, en el que Jorge Glas fue condenado a seis años por asociación ilícita, los magistrados emitieron su pronunciamiento el 14 de diciembre del 2017, pero este quedó fijado en instancia definitiva el 16 de octubre del 2019, es decir, casi dos años después. En la Constitución (art. 113) se dice que “quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados con reclusión, por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado no podrán candidatizarse para un cargo de elección popular”. Luis Verdesoto, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), señala que si el fallo todavía no se ejecuta, una persona sí puede inscribirse como candidato. Añade que cuando se produzca la inscripción gozará de una “inmunidad especial durante el periodo que dure la postulación”. El delito de cohecho, por el que se investigó este caso, tampoco prescribe; no caduca. Antes de emitir la resolución, los jueces detallaron la participación de los condenados. Por ejemplo, indicaron que Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia, cumplió un rol determinante en la estructura de corrupción, pues “tuvo un amplio poder de decisión y se benefició directamente de USD 365 000”. De la exministra María de los Ángeles Duarte indicaron que “mientras fue funcionaria pública recibió dineros ilícitos”. Y de la actual asambleísta Viviana Bonilla aseguraron que “se subía a la tarima como candidata a la Alcaldía sin importarle el origen del dinero”. Antes de finalizar la cita judicial, los jueces ordenaron que la sentencia sea publicada en al menos tres diarios de masiva difusión nacional y que se indemnice por los daños materiales e inmateriales. Es decir “compensar todo perjuicio que resulte como consecuencia de una infracción penal”. Los condenados tendrán que ofrecer disculpas públicas en la Plaza de la Independencia, en el Centro Histórico de Quito, y colocar una placa en la Presidencia. Deben asistir a un curso de 300 horas de ética.

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