Compartir
La mañana de ayer, colectivos a favor de la actividad extractivista efectuaron una marcha en el centro de la ciudad, donde por la tarde se conformó una asamblea ciudadana para discutir el tema.

Esta semana, el Gobierno nacional revirtió las concesiones en el área de Mazar, un pedido surgido desde la Municipalidad para la protección de fuentes hídricas, pero esto no frenó el debate sobre la minería metálica en la provincia.

En la mañana, representantes de la Cámara de Minería, estudiantes de Ingeniería en Minas de la Universidad del Azuay, mineros y un sector de las comunidades de Río Blanco y Loma Larga marcharon en favor de la minería.

Iniciaron con un plantón en el parque Calderón y, tras una pampamesa, recorrieron las calles del Centro Histórico hasta llegar al Palacio Municipal, donde exigieron hablar con las autoridades locales, sin una respuesta positiva.

La representante de los colectivos promineros, Emma Criollo, sostuvo que, con el freno a la minería, se están reduciendo fuentes de empleo e inversión directa e indirecta a las comunidades.

Aseguró que no participaron de la asamblea por el agua, pues consideran que “tiene un trasfondo político, ya que se acercan elecciones y se está pidiendo una consulta popular para impulsar a los candidatos”.

Los grupos prominería enviarán un comunicado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que tome en cuenta sus opiniones.

En tanto, en la asamblea ciudadana desarrollada en el Salón de la Ciudad, bajo auspicio de la Municipalidad, se solicitó revertir las concesiones otorgadas en los años 2016 y 2017, y suspender el proceso de otorgamiento de la licencia ambiental para cualquier fase de exploración o explotación de minería metálica, incluyendo a los proyectos que se desarrollan en Río Blanco y Loma Larga.

 

El concejal Iván Granda indicó que durante el 2016 y el 2017 se otorgaron, en calidad de concesiones mineras, un total de 118.000 hectáreas, lo que representaba el 37 por ciento del territorio del cantón Cuenca.

En marzo pasado, el área de concesiones se redujo a 69.569 hectáreas, lo que representa el 21 por ciento del territorio.

Si bien estas concesiones no están en el Parque Nacional Cajas, Granda sostiene que “pueden afectar” zonas de interés de conservación ecológica como Can can y Quitahuayco; por lo que, a su parecer, se debe prohibir la minería en todos los páramos de Cuenca y de la provincia.

Los colectivos antimineros, entre ellos el grupo Yasunidos, así como autoridades municipales, proponen una consulta popular para que Cuenca decida si quiere o no minería metálica en sus páramos.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here