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En los exteriores de la UDA grupo antimineros protestaron ayer por conversatorio sobre minería.

Hasta hoy la Corte Constitucional (CC) del Ecuador cumplirá la audiencia pública sobre el pedido de consulta popular sobre los proyectos mineros en La Carolina y Lita, en la provincia de Imbabura; y en El Goaltal y Jijón y Caamacho, en Carchi.

La CC será la que dicte la sentencia y eso se tiene previsto que sea la próxima semana. De allí se conocerá si los pobladores de estas zonas son llamados o no para que se pronuncien a favor o en contra de la minería.

Asimismo la CC tiene que analizar la pregunta promovida por los antimineros: ¿está de acuerdo con la explotación minera en los territorios de las comunidades asentadas en las parroquias Lita, Carolina, Jijón y Caamacho, y Goaltal?.

Para Rómulo Jara, activista antiminero en la provincia de Azuay, la resolución de la CC es fundamental no solo para Imbabura y Carchi sino para la jurisdicción azuaya, donde están los proyectos mineros Río Blanco y Quimsacocha.

El primero está en las parroquias Molleturo y Chaucha, en Cuenca, y el segundo en tres cantones: Cuenca, San Fernando y Girón. Los pobladores de este último se pronunciaron en una consulta popular el 24 de marzo y resolvieron que no siga.

Jara junto a otros comuneros ayer participó en un plantón en los exteriores de la Universidad del Azuay (UDA) mientras se cumplía el conversatorio Desarrollo de una Minería Sostenible, Práctica Responsables en el Sector Minero.

Este encuentro fue organizado por la Alianza para la Minería Responsable en Ecuador (AMRE), fundada por nueve empresa mineras y la Cámara de Minería del Ecuador.

Uno de los expositores en esta cita fue Abelardo de La Torre Villanueva, de Perú, ingeniero agrícola y especialista en recursos hídricos. Informó sobre los procesos de socialización sobre el cuidado del agua previo a la autorización para minería.

Explicó en Perú la actividad minera se desarrolla sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar (msnm) y hasta los 5.000, donde los dueños de esas tierras son comunidades, y por ley ellos deben autorizar una actividades minera en esos sitios.

Detalló que para esto se han implementado organismos conocidos como consejos de cuenca, conformado por usuarios de los sistema de agua que supervisan las actividades y dan su visto bueno para aprobar los proyectos mineros.

Indicó que obtener esta autorización toma un mínimo de dos años y se denomina como plan de gestión de la cuenca, que tienen las observaciones y requerimientos de los comuneros.

Finalmente este documento es aprobado por un decreto supremo, firmado por el Presidente de la República y un ministro. (CSM)-(I)

Opinión jurídica

A criterio de Carlos Castro, analista jurídico, las compañías mineras transaccionales, la Cámara de Minería del Ecuador y otros sectores empresariales, sostiene que no se puede ejercer el derecho a la consulta popular por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) si su contenido tiene relación con los sectores estratégicos, más específicamente con las concesiones mineras, y por ello presionan a la Corte Constitucional (CC) del Ecuador, para que siente un precedente constitucional tendiente a obstaculizar, distorsionar o restringir el derecho a la consulta popular de los GAD frente a proyectos mineros, todo en nombre de proteger las inversiones del capital extractivista y financiero y la seguridad jurídica.

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