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Una comisión parlamentaria que investigó las protestas registradas en Ecuador en octubre, recomienda al Gobierno una serie de medidas, además de expresar su preocupación por los fallecidos, heridos y detenidos en los disturbios.

El Pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento) conocerá el miércoles los detalles de las pesquisas llevadas a cabo por la Comisión Ocasional, que se conformó para analizar la ola de protestas sociales en el país en octubre pasado.

De acuerdo a un comunicado emitido este martes por la Asamblea, el documento que será presentado contiene diez conclusiones y nueve recomendaciones que plantean enviar a las autoridades correspondientes, “para que actúen en el marco de sus competencias”.

Entre ellas, “expresa su preocupación por los fallecidos, heridos afectados, detenidos de forma arbitraria y ataques a zonas de paz”.

Y señala que se deben investigar algunos hechos, entre ellos, el presumible cometimiento de delitos, como los incendios de la sede de la Contraloría y el presunto uso excesivo de la fuerza.

En el contexto de los disturbios de octubre, provocados por un decreto que eliminaba los subsidios a la gasolina -luego derogado-, murieron una decena de personas y más de 1.500 resultaron heridas, de ellas 435 miembros de las fuerzas de seguridad.

Ecuador estuvo además paralizado en gran medida, del 3 al 13 de octubre, por violentas manifestaciones en el centro de Quito y el bloqueos de vías cruciales en todo el territorio nacional.

La mesa legislativa que analizó los hechos concluyó que la expedición del decreto ejecutivo 883 -sobre los combustibles-, fue el principal detonante de la protesta social.

No obstante, considera reprochable e injustificada la violencia excesiva evidenciada.

“Sostiene que fueron afectados algunos derechos, como a la vida, salud, trabajo, libre movilidad y libertad de expresión, así como a los derechos económicos”, reza el escrito.

Y menciona que se debe condenar los ataques a los medios de comunicación y periodistas.

Entre otros hechos, ve “preocupante y condenable” que fueran retenidos uniformados en contra de su voluntad por parte de manifestantes, así como los actos de violencia en contra de la integridad personal de policías mujeres, por su condición de género.

Considera también inadmisibles todo tipo de acciones, expresiones y declaraciones racistas, misóginas, xenófobas y discriminatorias.

El órgano parlamentario ocasional reprueba asimismo el hecho de que funcionarios del Centro de Inteligencia Estratégica no acudieran a la Comisión ni proporcionaran información aduciendo el carácter de reservado de la misma.

Entre las conclusiones señala la necesidad de que el Ejecutivo propicie “un diálogo efectivo y permanente” con todos los actores sociales, a fin de que se implementen medidas que gocen de amplios consensos.

En paralelo aboga porque las autoridades y líderes sociales garanticen el pleno goce del derecho a la protesta pacífica y a la libertad de expresión, entre otros.

Otra de las recomendaciones es que desarrollen mecanismos de capacitación para la Policía Nacional, en el ámbito de la solución pacífica de conflictos, y que el Estado observe los informes y recomendaciones de organismos internacionales de protección de derechos humanos.

A principios de mes, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), Michelle Bachelet, pidió que se investiguen las denuncias de violaciones de derechos humanos tras un informe de una misión de su Oficina que visitó ese país por invitación del Gobierno.

Bachelet llamó a todos los actores del país suramericano a retomar el diálogo para prevenir conflictos y crear una sociedad más inclusiva. EFE

 

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