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El alza está condicionada. Para que sea posible subir el costo del pasaje en Quito de USD 0,25 a 0,35, los transportistas deberán firmar una adenda al actual contrato de operación, en la que se detallen las medidas de calidad que deberán cumplir. Se trata de 43 parámetros que se medirán con el cumplimiento de 101 indicadores. El nuevo esquema busca eliminar los actuales problemas del servicio: buses que compiten por pasajeros, que irrespetan los límites de velocidad y las paradas, unidades sucias que llevan más usuarios de los que deberían, entre otros. El secretario de Movilidad, Guillermo Abad, indica que, según el cronograma que establece la ordenanza del Sistema Integrado de Transporte aprobada el viernes 27 de noviembre del 2020, la Secretaría tiene un plazo de 10 días (a partir de la sanción de la normativa), para colgar en su web los contratos con las adendas. Y 30 días para firmarlas. Para ello, la Secretaría de Movilidad deberá emitir un manual de indicadores de calidad, que formará parte de la adenda. Allí se establecerán los mecanismos que se emplearán para controlar el cumplimiento. Una vez firmado el documento, los transportistas tendrán 30 días para cumplir con los parámetros. Solo entonces (en un plazo aproximado de 60 días), se aplicará la nueva tarifa. Abad explica que sin la adenda, los transportistas no podrán subir el costo del pasaje ni participar en el concurso que el año entrante se abrirá para manejar las rutas en Quito. ¿Cómo será el control de calidad? Los indicadores servirán para aterrizar los parámetros de calidad y hacerlos medibles. Para ello, la utilización de fichas técnicas y registros es fundamental. Por ejemplo, siempre se habla de seguridad, pero ahora, cada unidad deberá tener una bitácora de mantenimiento preventivo y correctivo, en la que se registrarán todos los procesos. Por ejemplo, los cambios de aceite, revisión de pastillas de frenos y ajustes mecánicos. Ese tipo de chequeos se los deberá realizar en un taller avalado por la Secretaría, y la persona que firme los trabajos que se hagan en el bus será corresponsable del estado de la unidad. Así, si llega a ocurrir un accidente por el mal estado mecánico del bus, se investigará también al taller que le da mantenimiento. Según la nueva dinámica, se deberá registrar, incluso, cuántos puntos tiene la licencia de cada conductor, si ha cometido infracciones, cuál es su estado de salud y más. Analía Ledesma, miembro de la Comisión de Movilidad, señala que otro de los puntos importantes de la norma es que los conductores deberán estar afiliados al Seguro Social y recibirán todos los beneficios de Ley. La edil considera que el reto es grande e implica un fuerte trabajo porque las cosas no cambian por arte de magia. Para Ledesma, no todas las cooperativas tienen facilidades para cumplir los nuevos requerimientos. Por eso la importancia de tener una visión y gestión empresarial del transporte, dice Abad, lo que implica que se entregue la delegación de la administración de cada bus a la operadora y que se tenga además un sistema integrado de recaudo. Abad asegura que para el control es fundamental la ayuda tecnológica. Los transportistas deberán implementar sistemas de georreferenciación y rastreo. Y compartir esa información con el sistema de la Secretaría para verificar y monitorear si cumplen rutas, velocidad, etc. Según Abad, el 60/% de las compañías ya tiene sistemas de georreferenciación. El resto deberá organizarse e ir implementando esos cambios. Otro de los puntos importantes de la ordenanza es que el usuario podrá volverse fiscalizador. El 9 de diciembre se lanzará el aplicativo Movilízate UIO, que permitirá al usuario denunciar malos servicios o novedades en el sistema de transporte, enviar fotos y subir videos. Como parte del control, la revisión de los parámetros será en algunos casos diarios, semanales, mensuales y semestrales. Jorge Yánez, presidente de la Unión de Operadores de Transporte Urbano de Quito, a la que pertenecen 900 buses, indica que los transportistas están dispuestos a cumplir con los parámetros de calidad, pero que, como en toda organización, también hay quienes se oponen. Explica que entre los parámetros hay responsabilidad no solo para los transportistas sino también para el Municipio y el usuario. Las autoridades, por su lado, deberán reorganizar la rutas y frecuencias, plantear un plan de semaforización acorde con la realidad, verificar que las paradas sean señalizadas, limpias y seguras. También señalizar las vías, abrir carriles exclusivos para buses convencionales, entre otros. El usuario tendrá que respetar las paradas, no pagar con monedas sino con tarjeta, y también denunciar con responsabilidad, presentando todas las pruebas si nota irregularidades. Yánez sostiene que aún hay detalles que limar. Por ejemplo, entre los indicadores se plantea que deben existir más de dos conductores por unidad, pero él advierte que no es posible con la tarifa de USD 0,35.


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