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¿Te imaginas trabajar por años sin seguridad social ni laboral?, ¿sin acceso a seguridad industrial o incluso a servicios básicos?, ¿trabajar sin expectativas de superación?

Después de un año de que salió a la luz la denuncia sobre esclavitud moderna en las haciendas abacaleras de Furukawa, la situación de los afectados no ha cambiado en nada. El país se estremeció con las protestas de octubre del año pasado, llegó el coronavirus, la crisis económica sigue debilitando a los que menos tienen y el Gobierno no ha hecho nada ante esta denuncia pese a que sus funcionarios hablan todo el tiempo de supuestamente defender los derechos humanos y luchar contra la desigualdad.

La empresa abacalera Furukawa, instalada en el Ecuador en 1963, no es la única en la zona, pero sí la más conocida por sus prácticas de precarización laboral y tercerización. Una vez que la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Derechos Humanos de la AN y un grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Afrodescendientes denunciaran los abusos y la condición de esclavitud moderna, el Estado ecuatoriano reaccionó tímidamente y el problema de fondo persiste.

Furukawa explota el abacá, cuya fibra sirve para producir papel y textiles no tejidos. Hoy en día la empresa pertenece a tres filipinos y un japonés y es gerenciada por dos ecuatorianos, Hugo Chalen y José Herrera. La empresa compró las tierras y sembró la planta, subcontrató y puso en manos de arrendatarios la seguridad y bienestar de los trabajadores para finalmente comprarles la fibra a un precio muy por debajo del valor en el mercado.

“La empresa sigue en lo mismo (…) no nos da ninguna solución. No soluciona nada. En un año que vamos a tener de protección, la empresa solo venía a negociar que trabajáramos y que después nos arregla”, comenta una extrabajadora, Susana Quiñónez, con 16 años de servicio y a la espera de una indemnización luego de un despido intempestivo.

Diario El Mercurio intentó comunicarse con los gerentes de Furukawa para obtener su versión, entre ellos Iván Segarra, pero resultó imposible establecer contacto pese a la insistencia.

Un año después de la denuncia, los afectados se sienten abandonados por el Estado. Nada ha servido para reparar a las víctimas o sancionar a Furukawa de manera contundente, mientras tanto la empresa logró dividir a los trabajadores y generar conflictos.

La empresa juega a la impaciencia de los pocos que quedan en los campamentos esperando indemnización, a quienes trata de invasores, todo acompañado de un frustrante silencio del Gobierno.

En un principio Furukawa buscó a los trabajadores en las provincias más pobres del país y los llevó a trabajar en condiciones deplorables. Personas que sin más opciones se quedaron, hoy no saben hacer otra cosa. Los trabajadores han sido víctimas de discriminación por décadas y esto se refleja en su escaso acceso a la justicia, a seguridad, a la tierra, agua potable, educación, atención médica, vivienda y a las oportunidades de crecimiento económico que todo ciudadano merece.

Hoy algunos extrabajadores que resisten en los campamentos que aún no logra derrumbar Furukawa son tratados como invasores mientras esperan por su indemnización. Uno de ellos es Walter Klinger, quien trabajó por 40 años en las haciendas abacaleras de la empresa asiática. “Hasta que no nos arreglen no nos vamos (…) aquí estamos con el capricho de que tienen que darnos lo de nosotros, que tenemos derechos (…) no somos ningunos invasores”, afirma Klinger.

Estas personas que laboraron por años sin contrato de trabajo, sin seguridad social, sin relación laboral directa, sin acceso a salud y al derecho a la identidad, hoy sobreviven. Muchos otros se han ido para no morir en la espera. El trabajo laborioso desde las seis de la mañana hasta entrada la noche sin tomar en cuenta ningún tipo de seguridad industrial, sin condiciones mínimas, son situaciones que consolidan la idea de esclavitud en su imaginario y en su realidad. Consolida también la idea de que no hay esperanza de superación.

El periodista investigador Diego Cazar comenta que durante cinco meses el personal de Furukawa ha ideado tácticas para evadir sus responsabilidades en una serie de violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de cientos de trabajadores abacaleros. Y persiste en ese objetivo, comenta, y luego de un año de entrar en la batalla por sus derechos estas víctimas de un claro caso de esclavitud moderna piden al Gobierno escuchar sus voces ahogadas por décadas y hacer primar lo humano sobre el beneficio comercial que esta empresa pueda dejar a las arcas del Estado.

 

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