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Yolanda cocinó, limpió y organizó el hogar de una familia en Guayaquil, de lunes a viernes, por 23 años. Esta mujer de 56 años, que tiene seis hijos, ganaba el salario básico y tenía un contrato, pero en la emergencia sanitaria perdió su empleo y ahora subsiste con menos de USD 40 a la semana. En marzo, Yolanda guardó confinamiento por pedido de su empleador, quien prometió llamarla, pero no lo hizo. La mujer ahora mantiene a su familia lavando ropa o limpiando casas ocasionalmente. “Los cachuelos me llegan, a veces, una vez a la semana; otras veces no sale nada”, cuenta. Como a Yolanda, la pandemia dejó sin empleo a otras miles de trabajadoras domésticas. Según el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en marzo pasado se registraban 92 624 afiliadas dedicadas a estas labores. En julio, esa cifra cayó a 79 163. Esto significa que 13 461 personas de ese sector dejaron de aportar a la seguridad social. Mientras tanto, en el Ministerio de Trabajo se registraron 4 656 actas de finiquito entre marzo y julio pasados; esto es casi el doble de aquellas reportadas en iguales meses del 2019, que fueron 2 379. Pero esos datos muestran una realidad incompleta. El número de empleadas domésticas que perdió su trabajo es mayor, pero es complicado tener una cifra más precisa, dijo Alexandra Moncada, directora de la Fundación Care. Moncada explicó que la mayor parte del empleo doméstico en el país todavía se realiza de manera informal, sin contratos y sin afiliación al sistema de la seguridad social. La Fundación Care, que trabaja de cerca con las mujeres que se dedican a las tareas del hogar, estima que seis de cada 10 trabajadoras estaban afiliadas a la seguridad social. La Fundación, el Observatorio Social del Ecuador y Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar y Afines (Untha) realizaron en mayo pasado entrevistas cualitativas a trabajadoras en seis ciudades. De las 48 entrevistadas por la organización, 40 se habían quedado sin empleo y solo a tres les pagaron una liquidación. Además, 18 de ellas se habían contagiado de covid-19. Lenny Quiroz, una de las líderes de Untha, contó que en estos meses el grupo ha buscado asesorar a las trabajadoras del hogar desempleadas. La mayoría de los casos que conoció la dirigente fue de mujeres que, tras laborar por varios años bajo contrato, no recibieron una liquidación según establece la Ley. Otras empleadas vieron reducidos sus salarios, pese a que siguen laborando ocho horas o más. “Muchos empleadores se aprovecharon de la situación para sacar a sus empleadas sin pagarles liquidación”, señaló Quiroz. La dirigente dice que sus compañeras quieren denunciar, pero no tienen dinero para contratar a un abogado. “Nosotras no podemos acceder a nuestros derechos, solo los empleadores, y eso es injusto”. Alicia Lanchimba, miembro de Untha, comentó que se conocieron casos de mujeres que fueron despedidas por estar embarazadas y de otras que, por ser de edad avanzada, dejaron de trabajar por constituir población vulnerable. Para muchas mujeres dedicadas a estas labores las responsabilidades aumentaron, pues -además- deben cuidar a sus hijos y ayudarlos a estudiar en casa, señaló Margarita Velasco, directora del Observatorio Social del Ecuador. Marianela Viteri, miembro de Untha, tuvo que aceptar laborar puertas adentro, de lunes a viernes, para no perder su empleo cuando su empleador se trasladó de Quito a Guayaquil hace dos meses. Aunque eso implicaba viajar los fines de semana y alejarse por cinco días de sus hijas (de 17, 15 y 12 años) aceptó por miedo a no hallar un nuevo trabajo. “Mis jefes son buenos, siempre están pendientes de mis niñas. Pero es duro no poder ir a la casa todos los días con ellas”, lamentó esta madre soltera. “No tengo con quién más dejarlas. Ellas entienden que la situación es difícil y que deben apoyarse, saben que hago este sacrificio por ellas”, comentó Marianela y mencionó que en la Untha existe apoyo psicológico para las trabajadoras que afrontan momentos difíciles.

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