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El acuerdo se dio como un compromiso presidencial para optimizar el gasto corriente.

Al eliminar las Coordinaciones y Distritos se afecta el modelo descentralizado de gestión y los empleos de muchas personas. 

El acuerdo interinstitucional para “Expedir las Directrices Para la Reorganización de la Presencia Institucional en Territorio y la Reestructura Orgánica de la Administración Pública Central” pone en alerta a varios sectores del país que lo catalogan como inconstitucional y un retorno al “centralismo”.
El documento se emitió el pasado 24 de junio y está suscrito por los representantes de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), el Ministerio de Economía y Finanzas, y el Ministerio del Trabajo. Sin embargo, hasta ayer, todavía no se publicaba en el Registro Oficial y por lo tanto no está vigente.
Lo que llama la atención está en el artículo 5.- Presencia Territorial, en el que se indica que: “…Las entidades que actualmente cuenten con unidades desconcentradas en el nivel zonal y distrital, mantendrán únicamente una unidad desconcentrada con cobertura pluricantonal por provincia”.
Es decir, en el caso del Ministerio de Educación, por ejemplo, cuenta con la Coordinación Zonal 6 que integra las provincias Azuay, Cañar y Morona Santiago. En Cuenca hay dos Distritos del Ministerio de Educación que son parte de la Coordinación Zonal 6, pero con el acuerdo solo quedaría una unidad desconcentrada del mencionado ministerio para atender a toda la provincia.
Asimismo, en el campo de las Disposiciones Generales del acuerdo, en la disposición tercera se indica que: “En virtud de la optimización a la estructura institucional, prevista en las disposiciones del presente acuerdo, salvo las excepciones establecidas en la normativa vigente, no se podrán mantener contratos de servicios ocasionales, nombramientos provisionales o partidas vacantes, incluyendo las que se generen por la terminación de nombramientos provisionales”.

Sustento

El acuerdo se dio como parte de un compromiso presidencial en relación a la optimización del gasto corriente del Ejecutivo, indicó ayer un funcionario público que pidió reserva de su nombre.
Explicó que no hay cómo desconocer que existían contratos ocasionales sustentados en proyectos de inversión, por ejemplo, que debían haber estado en gasto corriente para que un proyecto, que tiene un inicio y un fin, no sea un gasto administistrativo de larga data en la institución “y así alguien que es contratado tenga un proceso de inicio y fin”.
Pero lo que ocurrió con estos contratos es que se convirtieron de larga duración. El acuerdo también habla de no duplicidades, es decir, no se puede tener una institución que haga lo mismo en un nivel distrital y en un nivel provincial.
Una vez que esté vigente el acuerdo se creará un consejo conformado por las tres instituciones que firmaron el documento para revisar cómo funciona cada institución del Estado y cuáles son los mecanismos para optimizarlos.
La fuente comentó que el objetivo es que los servicios y la atención a la ciudadanía no se vea modificada, si se modifica debería ser para mejorar y reiteró que primero debe publicarse en el Registro Oficial para que pueda ser aplicado. (PVI)-(I)

Retroceso en atención

Para Juan Cristóbal Lloret, asambleísta por Azuay, hay dos elementos del acuerdo que se deben tomar en cuenta: el primero es que desconoce un modelo de planificación con el cual se llevó al Ecuador hacia la desconcentración y descentralización al menos desde el año 2007.
“Este modelo se ve afectado ahora que se plantea la eliminación de coordinaciones zonales y también de distritos, pero quizá aquellos distritos que no involucran a diversos cantones porque hace una diferenciación”, sostuvo.
Señaló que en el caso de Guayaquil tienen nueve distritos para más de dos millones de habitantes. “Si se toma en cuenta el modelo educativo al desaparecer los nueve distritos quién se haría cargo de la atención a los ciudadanos, maestros, infraestructura, entre otros”, anotó.
El segundo elemento es más complejo, porque lo que se plantea es que en un plazo de 30 días se eliminen o terminen por parte de las entidades del gobierno central los contratos ocasionales que hasta noviembre del 2018 suman cerca de 90.000 y de los nombramientos provisionales que son aproximadamente 80.000 hasta noviembre del 2018.
Lloret anunció que mañana en el orden del día de la Sesión de la Asamblea Nacional consta una propuesta de resolución para que comparezcan los tres representantes de las instituciones que firmaron el acuerdo y aclaren algunos puntos de la propuesta.


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